El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio y no lo hizo en una conferencia de prensa, sino en los tribunales de San Isidro. A través de un escrito de 20 páginas presentado por su abogado, Gregorio Dalbón, el mandamás del fútbol argentino denunció una maniobra de extorsión que vincula a empresarios y dirigentes de la Coalición Cívica (CC). Según la presentación, las recientes denuncias por su patrimonio serían una represalia por haber frenado un negocio millonario de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
La denuncia apunta directamente contra el empresario Leandro Camani y los referentes de la CC, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso. El eje del conflicto se remonta a la gestión de Tapia como director del CEAMSE. De acuerdo con el relato judicial, Camani, mediante la firma Secutrans S.A., pretendía instalar y renovar cámaras de fotomultas en predios administrados por el organismo. La negativa del dirigente de Barracas Central a firmar este acuerdo habría sido el detonante de una “ofensiva judicial” coordinada.
Una interna que mezcla política, negocios y fútbol
“Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes”, sostiene Tapia en el documento. El titular de la calle Viamonte afirma que, tras su rechazo, comenzaron a llegar mensajes intimidatorios: o habilitaba el negocio de las multas, o enfrentarían denuncias penales públicas. Poco tiempo después, saltó a la luz la polémica por una mansión en Pilar que, según Yofe y Del Gaiso, habría sido adquirida por Tapia a través de testaferros.
Para la defensa del dirigente, representada por Dalbón, no hay casualidades. “Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada”, señaló el letrado, remarcando que se utilizaron drones para grabar la intimidad de la familia de Tapia y exponerla en medios masivos con el fin de generar desgaste institucional en la AFA.
Pedido de allanamientos y testigos clave
El contraataque de Tapia incluye pedidos de medidas de prueba drásticas: allanamiento de domicilios y oficinas de Camani, Yofe y Del Gaiso, además del secuestro de dispositivos electrónicos para peritajes informáticos. Asimismo, el dirigente ofreció el testimonio de dos personas que habrían oficiado de intermediarios en las amenazas, quienes solicitaron declarar bajo identidad reservada por temor a represalias.
Este nuevo capítulo judicial promete sacudir los cimientos del poder deportivo y político bonaerense, mientras Tapia busca blindar su gestión al frente de la Asociación del Fútbol Argentino de lo que considera un ataque “espurio” vinculado a intereses económicos ajenos al deporte.
